Ley para la “protección” animal y continuidad de la barbarie taurina

Rubén Alexis Hernández

En  diciembre de 2010 fue sancionada por la Asamblea Nacional  de Venezuela la  Ley para   la   protección   de   la   Fauna   Doméstica,   Libre   y   en   Cautiverio,   texto   legal ampliamente   anhelado   por   ecologistas,   ambientalistas,   y   diversos   sectores   nacionales interesados en la preservación de la biodiversidad y en garantizar el cumplimiento de los Derechos de  los animales. Por desgracia para quienes nos oponemos al maltrato animal, el Proyecto   de   Ley   aprobado   no   fue   precisamente   el   mismo   que   se   debatió   en   primera discusión en el año 2007, sino un documento sometido a numerosos cambios. Resulta   que   el   Proyecto   original   contemplaba   importantes   cambios   en   aquellos espectáculos, eventos o rituales en los que el hombre  torturara y/o ejecutara a algunos animales, mientras que el aprobado es bien ambiguo y limitado al respecto, tal como se percibe en los artículos y 14 y 15, por ejemplo:

“Artículo  14.-  Toda actividad que involucre la utilización de animales domésticos con fines   de   exposición,   esparcimiento,   recreación,   amenidad,   competencia,   diversión, entretenimiento, fiesta y solaz donde intervenga un auditorio, independientemente de su número,   se   considerará   un   espectáculo   público   y   en   consecuencia   su   regulación   es competencia del poder público municipal, sin menoscabo de las regulaciones establecidas en la presente Ley. El poder público municipal determinará las actividades que requieran de la consulta pública para su realización. Artículo 15.- Los animales domésticos destinados a exhibiciones y actividades circenses, deportivas o recreativas, deberán permanecer en locales o jaulas suficientemente amplias, que les permita moverse con libertad y en ningún caso podrán ser hostigados por sus propietarios o domadores en el desempeño de su trabajo o fuera de él. En caso de ser trasladados, deberá realizarse en condiciones adecuadas que garanticen su bienestar”. Claramente se aprecia que la Ley, lejos de proteger a los animales involucrados en distintos eventos, posibilita que las autoridades municipales regulen de forma exclusiva distintos espectáculos barbáricos, y que se continúe el maltrato so pretexto de que se le  “otorgue cierta libertad”  a   los animales.  

En   realidad   la  famosa Ley para   la   protección  animal, ansiosamente esperada por muchos venezolanos, es  una Ley para la  desprotección, cuyo espíritu prácticamente  desestima la tortura   llevada a  cabo   en macabros  espectáculos,  e incluso   es   cómplice   en cierta medida del   sinfín   de   atrocidades     cometidas   por   los   “civilizados”   seres humanos contra sus hermanos animales. Lo más triste de todo, es que el documento legal fue aprobado nada menos que por un Gobierno que se preciaba de ser humanista, protector de la   biodiversidad   y   formador   de   individuos   con   una     mentalidad   de   avanzada   en   lo concerniente a las  relaciones con sus semejantes y con el resto de las especies animales. Es obvio, por tanto, que  los autores intelectuales de la Ley para la “protección” animal eran personajes que de una u otra manera estaban vinculados con grupos o empresarios que fomentaban los espectáculos barbáricos y se enriquecían con ellos. Para nadie es un secreto que en el caso de las   corridas   de   toros,   por   ejemplo,   numerosos   adeptos   al  Gobierno de Chávez, seudorevolucionarios   todos,   no   sólo   eran  aficionados   a   este   degradante   legado   de   los colonizadores españoles, sino que  incluso  lo  financiaron   y  obtuvieron   buenas   ganancias   en asociación con distintos empresarios taurinos. De hecho, las corridas de toros ni siquiera son mencionadas en el texto legal aprobado en el 2010, como si ocurría en el Proyecto de 2007, cuando se proponía una limitación drástica al  macabro espectáculo. En el último documento apenas   se   incluye   implícitamente   a   las   corridas    (al   menos   eso   suponemos),   lo  que de forma clara se interpreta como la conveniencia jurídica de no afectar a este evento de manera importante.

Evidentemente  el  notable cambio entre el texto original y el aprobado se debe   tanto   a  la   presión ejercida  por  los  mercaderes  de  la   tauromaquia,   como  a  la complacencia y  a la afición taurina de distintos funcionarios gubernamentales. La tauromaquia en Venezuela sigue teniendo cierta importancia  debido al patrocinio de grupos económicos y políticos poderosos, especialmente en algunas partes de Venezuela, como Mérida y San Cristóbal, por ejemplo. De ahí que la barbarie taurina mantenga algo de popularidad   en   esas   ciudades andinas,   y   de ahí   la   presión   que   ejercieron   los   promotores   taurinos   para   que     el Gobierno   nacional   delegara   a   las   autoridades   municipales   correspondientes   la   libre regulación   del     perverso   espectáculo.   En   este   sentido   no   es   difícil   imaginar   que   los Gobiernos   locales,   vinculados   de   una   u   otra   forma   con   los   círculos   taurinos, harán absolutamente nada para perjudicar su “magno arte”. En Mérida, por ejemplo, es bien sabido que numerosos personeros del  Gobierno estadal y municipal (municipio Libertador) han sino tanto   aficionados como   financistas de la carnicería taurina, incluidos   algunos “revolucionarios” que por medio de  una Fundación conocida como FERISOL, hicieron jugosos negocios con empresas licoreras y financiaron parcialmente el Carnaval Taurino de América.

La continuidad de las corridas de toros en Venezuela  demuestra no solo que la fulana Ley para la protección animal lo menos que pretende es defender los derechos animales como debe ser, sino que no está en sintonía con los cambios humanísticos y ecológicos que pretenden llevarse a cabo en el país. No pueden considerarse socialistas quienes disfrutan con la tortura y la humillación de otro ser vivo, sin importar la especie a la que pertenezca. No pueden hablar de amor,   de   paz   y   de  valores   auténticos, quienes  siguen   fomentando   la cultura de  la violencia mediante la continuidad de eventos en los que se derrame sangre por puro placer. Sí en el 2007 estábamos esperanzados por un texto que prometía liquidar prácticamente espectáculos bochornosos como las corridas de toros, en el 2010 la decepción fue mayúscula con la sanción de una Ley que más bien  protege a los promotores y a los empresarios  de la tortura animal. Avergonzados deberían sentirse los autores de la fulana Ley, más aún cuando  se   calificaban   como   “dignos   socialistas   pletóricos   de   amor”.   Provoca preguntar a estos personajes y a todos aquellos que disfrutan con el sufrimiento  animal, si les gustaría recibir un castigo sistemático basado en estocadas,  puyazos, golpes, patadas, o cualquier otra agresión física y psicológica.

Ahora bien, más allá  de la incoherencia y  las limitaciones de la  Ley para   la   protección   de   la   Fauna   Doméstica,   Libre   y   en   Cautiverio, espectáculos dantescos como las corridas de toros, las peleas de gallos, entre otros,  más temprano que tarde llegarán a su final; tengamos en cuenta que cada vez más venezolanos se interesan y preocupan por los derechos animales y  por la preservación de la biodiversidad en general.